Enfoque en población LGBTIQ+
En Colombia el contexto político y electoral se experimenta distinto para las personas de la diversidad sexual y de género, esto se debe a que la sociedad genera prejuicios frente a estas candidaturas en los distintos momentos de su carrera político, y este prejuicio se ve manifestado a través de distintos tipos de violencia en los picos de los momentos más importantes de la campaña electoral. Cabe aclarar que la violencia política ejercida hacia estos liderazgos no concluye en la campaña sino que si es el caso de que la persona obtenga el puesto por voto popular, una vez en el poder también puede presenciar actos de discriminación y violencia.
De igual forma, uno de los marcadores más evidentes que determinan la susceptibilidad a enfrentar distintos tipos de violencia, se pueden enmarcar en La conceptualización sociológica de Pierre Bourdieu sobre los distintos capitales inició en los ochenta con cuatro tipos de capitales: cultural, político, social y simbólico, esta conceptualización ha permitido la derivación del análisis de otros tipos de capital como el estético y el económico. Este marco teórico permite entender las desigualdades, debido a que estos capitales permiten analizar y medir las capacidades que un candidato tiene para hacerse elegido, y de acuerdo a estos capitales también se encuentra la vulnerabilidad para sufrir violencia. Crean y refuerzan la desigualdad.
Por otra parte, teniendo en cuenta que Colombia cuenta con un historial de violencia política, en donde el génesis se dan en la violencia bipartidista que excluyó desde el primer momento a todo tipo de población por fuera de hombres privilegiados y heterosexuales, la historia de múltiples grupos poblaciones es similar, en el crecimiento de números y curules en la política electoral. Sin embargo, se puede tomar como una hipótesis que el hecho de que la inclusión de curules para otros grupos poblacionales, intencionada, ha sido debido por el movimiento social o movimientos políticos, movimientos políticos que traen beneficios o que se traducen en votos para distintos partidos políticos, que luego utilizan a estos grupos poblacionales como nuevos nichos de votos que alimentan y sostienen en el tiempo. Esta dinámica existe hoy en día en Colombia para la población LGBTIQ+, y representa una barrera y un desafío para una verdadera representatividad en los cuerpos electorales para la población.
En el presente la violencia hacia los liderazgos políticos LGBTIQ+ en Colombia se manifiesta en dinámicas clientelistas como el patronazgos, el utilitarismo de los liderazgos LGBTIQ+ en los gobiernos (tokenismo), violencia y discriminación dentro de los partidos políticos, instrumentalización electoral, violencia en campañas electorales, violencia en el ejercicio de sus funciones en el caso de ser electos. En el espacio que se desarrollará estaremos hablando de cada una de estas violencias para identificarlas, buscar soluciones y dar visibilidad a estos casos.
Capitales de Bourdieu
Pierre Bourdieu, sociólogo francés, propuso que las personas no solo se diferencian por el dinero que tienen (capital económico), sino también por otros recursos que les dan poder o ventajas en la sociedad. A estos recursos los llamó capitales y pueden ser de distintos tipos:
- Capital económico:
Todo lo que tiene valor económico: dinero, propiedades, ingresos, bienes materiales. - Capital cultural:
Conocimientos, educación, habilidades, formas de hablar, gustos culturales (como leer libros o ir al teatro). Puede estar:- Incorporado (lo que sabes y sabes hacer),
- Objetivado (libros, obras de arte),
- Institucionalizado (títulos y diplomas).
- Capital social:
Las redes de relaciones y contactos que una persona tiene, que pueden abrir oportunidades. - Capital simbólico:
El prestigio, el reconocimiento o la fama que una persona tiene. Es un tipo de capital que solo vale si los demás lo reconocen.
Participación política
Toda acción realizada por un individuo o grupo con la finalidad de incidir en los asuntos públicos. Estas acciones pueden orientarse hacia la elección de cargos públicos, la acción de los actores políticos, la construcción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, entre otras.
Espacios de participación política
La participación política y ciudadana se gesta en varios espacios con diferentes características y dinámicas. Así, ésta se puede dar, tanto desde partidos y movimientos políticos, espacios de participación electoral, como desde instancias de participación, entendidas como espacios de deliberación y concertación entre la administración pública y la ciudadanía para determinar acciones en procura de la igualdad, los derechos y las condiciones de vida digna.
Derechos políticos
Los derechos políticos son aquellos derechos humanos cuyo ejercicio permite a las personas participar en el gobierno de su país. Dentro de los derechos políticos reconocidos por instrumentos interamericanos de Derechos Humanos encontramos:
- a) El derecho a participar en los asuntos públicos.
- b) El derecho a votar.
- c) El derecho a ser elegido.
- d) El derecho a tener acceso a las funciones públicas.
Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia C-581 de 2001 enlista estos derechos así:
“Son derechos políticos el del sufragio, el de ser elegido, el de desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, el de participar en referendos y plebiscitos, el de ejercer acciones públicas, todos los cuales están en cabeza de los nacionales, quienes los pueden ejercer únicamente a partir de la adquisición de la ciudadanía. Ninguno de estos derechos es de carácter absoluto, como se expresó anteriormente, y para ejercerlos se requiere haber adquirido la calidad de ciudadano (…)”
Estereotipos de Género
Un estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos, las características, y los roles que poseen o deberían poseer, o desempeñar, las personas dependiendo de su identidad de género. Un estereotipo de género es perjudicial cuando limita a las personas a desarrollar sus capacidades personales, seguir sus carreras profesionales y/o tomar decisiones sobre sus vidas.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH):
“Las personas no binarias no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres. Pueden identificarse como ambos, como ninguno o como un género distinto, y su identidad puede cambiar con el tiempo” (ACNUDH, 2021)
- Colombia está lejos de entender esta categoría. Hay ejemplos como el del artículo 50 de la reforma laboral, que fue eliminado en donde se habla de las licencias de maternidad y paternidad, en donde no se pone sobre la mesa la existencia de personas no binarias y sus procesos de crianza.
- Hasta ahora hemos entrevistado a 2 personas no binarias. Una de ellas tiene un contexto privilegiado por lo que la discriminación no ha sido un tema de afectación para la persona. No sabía cómo reconocerse.
Prejuicios
El prejuicio se puede entender como una falsa generalización de ciertas características en los individuos que se consideran estáticas e inamovibles. En ese sentido, un prejuicio es la creación de un estereotipo. Pero por prejuicio es posible entender también la racionalización de una percepción generalmente negativa hacia aquellas personas o situaciones que resultan ajenas o diferentes a las nuestras.
Violencia por prejuicio
Se da cuando la persona actúa pre seleccionando a su víctima en razón de ciertas características identitarias con fundamento en una falsa creencia o proceso de racionalización respecto a las personas que las ostentan, que además puede haberle generado odio o animosidad hacia las personas que comparten tales características, produciendo el efecto simbólico de afectar y generar miedo en las personas con rasgos identitarios similares.
Violencia y discriminación por razones de sexo y género
La violencia y discriminación por razones de género son aquellas dirigidas contra mujeres y personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diverso. Se caracterizan por:
– Su móvil es la orientación sexual, identidad o expresión de género de la persona afectada.
– Afectan de manera desproporcionada a mujeres y personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diverso.
– Tienen por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas LGBTIQ+.
Las violencias y discriminaciones a las mujeres y a personas LGBTIQ+ se presentan teniendo en cuenta la interseccionalidad de las personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diverso.
Orientación sexual e identidad de género como categorías sospechosas de discriminación
Hace referencia a la utilización de la orientación sexual, identidad o expresión de género diverso como criterio o motivo para ejercer discriminaciones y trato diferenciado, generalmente a través del lenguaje de las normas y prácticas institucionales o sociales, que afectan la igualdad y la dignidad humana de personas LGBTIQ+.
Se denomina a la orientación sexual, identidad y expresión de género diverso como criterios “sospechosos” puesto que éstos han sido referente histórico para subvalorar o poner en desventaja a ciertas personas o grupos de la población como mujeres, negros, indígenas, personas LGBTIQ+, entre otros.
Ejemplo en un caso de violencia política: ““en mi partido no me dieron plata porque al parecer no iba a llegar” es lo que indicó una candidata, quien, teniendo menos de la mitad de los recursos y apoyo que les dieron a otros candidatos hombres cishetero de su partido afirmó que “igual saqué el doble de votos que ellos, pero eso no lo reconocen”. En el otro caso, la desigualdad se dio porque “yo vi que le daban más oportunidades de visibilidad y de viaje a otras candidaturas de personas cis””.
Violencia política
La violencia política es toda acción violenta que busca alterar la estructura de poder, su distribución o la manera en que se ejerce. En el caso de personas que ejercen liderazgos, esta se manifiesta a través de agresiones perpetradas por actores legales o ilegales con el fin de silenciarlas, imponer demandas políticas o ideológicas, o afectar a las comunidades que representan, mediante amenazas, atentados, desapariciones u homicidios.
En el caso de personas LGBTIQ+ que participan en política, esta violencia puede adoptar formas específicas, difíciles de registrar, y está motivada por prejuicios y estereotipos negativos sobre sus orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género. Tiene un carácter simbólico y discriminatorio, ya que busca castigar lo que se percibe como desviación del modelo binario de género, enviar mensajes de exclusión y subordinación social, y obstaculizar o anular su derecho a la participación política.
Violencia física
Se refiere a daños o lesiones en la corporalidad, integridad, estado de salud o vida, que incluye lesiones, homicidios, secuestros, y desapariciones.
Violencia psicológica
Se refiere a toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de las personas LGBTIQ+, por medio de amenazas verbales o escritas de violencia física, coerción, difamación, acoso y boicot social, afectando la forma como se les percibe, o que puede afectar su estabilidad emocional o mental.
Violencia sexual
Se refiere a agresiones a la integridad sexual, incluyendo acoso, abuso, agresión, violación o cualquier acto o intento de naturaleza sexual que resulta, o es probable que resulte en daño físico, psicológico y emocional.
Violencia económica
Se refiere a acciones y omisiones que buscan controlar, restringir o anular el acceso a los recursos económicos por parte de las personas LGBTIQ+ para ejercer política, al igual que tratos diferenciados para limitar su acceso a los recursos económicos.
Violencia simbólica
Se refiere a todos aquellos actos recurrentes que, de forma explícita o sutil, tienen como objetivo o efecto entorpecer el desarrollo del ejercicio político de las personas LGBTIQ+ y afectarles anímicamente. Esta categoría de violencia deslegitima a los liderazgos LGBTIQ+, sin consolidarse necesariamente como una amenaza directa a una persona que ejerce liderazgo, afectando al sector social que representa. También se refiere a las discriminaciones por razón de género, la imposición de estereotipos de género y represalias ante las agendas LGBTIQ+. Incluye también mensajes estigmatizantes u ofensivos, amenazas, ridiculizaciones que emplean prejuicios, o agresiones motivadas en la negación o esfuerzo de cambiar la orientación sexual o identidad de género diversa de la persona o un grupo, buscando desaparecer, ocultar, silenciar o invisibilizar la existencia de la persona o defender la idea de que las personas LGBTIQ+ en general no existen o no deben existir.
Violencia institucional
Se refiere violencia que es perpetrada por parte de las autoridades encargadas de atender y materializar sus derechos y se arraiga por la interiorización de representaciones sociales y estereotipos negativos, por lo cual se menoscaban sus derechos y libertades. En la mayoría de los casos, la respuesta institucional consiste en alejarse de su rol como tercero imparcial, para situarse al lado del agresor y disminuir aún más a esta población, ya sea humillando, descalificando, culpabilizando, jerarquizando o naturalizando la violencia por prejuicio, desconociendo sus competencias relacionadas con la protección integral de esta población y la aplicabilidad del enfoque de género y de orientaciones sexuales e identidades de género (Defensoría del Pueblo, 2023)22.
Dinámicas analizadas en el contexto de violencia política en Colombia
- Campañas de Difamación y Deslegitimación
- Amenazas y Violencia durante las Campañas
- Comentarios directos a los candidatos
- Agresiones físicas y verbales en espacios públicos
- Ataques contra la integridad física y simbólica de las campañas
- Restricciones y Obstáculos a la participación electoral: Barreras que enfrentan los candidatos LGBTQ+ en términos de recursos, apoyo institucional o de partidos, acceso a los medios de comunicación y, en general, condiciones equitativas para competir electoralmente
Panorama de violencias específicas hacia personas LGBT+ (análisis y datos sobre el proceso electoral de cada uno de los países).
1. CONTEXTO ELECTORAL Y PARTIDARIO
La participación política de las personas LGBTIQ+ en Colombia sigue marcada por vacíos normativos, prácticas partidarias poco inclusivas y una débil institucionalidad para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos de elección popular.
En la legislación colombiana, no existe actualmente una norma que obligue a los partidos políticos a incluir personas de la diversidad sexual y de género en sus listas, ni que establezca mecanismos concretos de promoción y apoyo a sus candidaturas. La Ley Estatutaria 1475 de 2011, que regula la organización y funcionamiento de partidos y movimientos políticos, contempla únicamente medidas específicas para la participación de mujeres, dejando fuera de manera explícita a las personas LGBTIQ+. Aunque menciona de forma marginal “otras opciones sexuales”, esta redacción es ambigua, mezcla orientaciones sexuales con identidades de género, y no reconoce las identidades no binarias ni otras expresiones de diversidad.
El Proyecto de Ley Estatutaria 111 de 2022 —conocido como nuevo Código Electoral— representó un intento reciente de introducir cambios. Incluía la posibilidad de que los partidos diseñaran mecanismos internos para promover la inclusión de personas con discapacidad, comunidades étnicas y personas LGBTIQ+, entre otras poblaciones. Sin embargo, este código fue declarado inconstitucional en 2023 por la Corte Constitucional, por vicios en su trámite, lo que dejó vigente el antiguo Código Electoral de 1986, un marco legal desactualizado que no responde a las necesidades actuales en materia de inclusión.
Ante esta ausencia de reglas claras, la participación de personas LGBTIQ+ en política depende de decisiones discrecionales de los partidos. Las rutas de ingreso más frecuentes incluyen:
Elección estratégica de partido por parte de la persona candidata, buscando estructuras que aumenten su probabilidad de ganar, aunque no siempre coincidan en ideología.
Reclutamiento por parte del partido, motivado por la visibilidad o liderazgo previo de la persona, que puede servir como capital electoral.
Formación de liderazgo dentro del mismo partido, que permite acceso más fluido a avales, apoyo logístico y respaldo político.
Los testimonios recogidos muestran realidades contrastantes: desde mujeres trans que encuentran apoyo en partidos locales, hasta personas no binarias que ingresan a movimientos afines a su visión política. También aparecen casos en los que la inclusión es meramente instrumental, con partidos que buscan “llenar” cuotas simbólicas para proyectar una imagen de apertura sin comprometerse con agendas de derechos.
En cuanto a lineamientos internos, el panorama es desigual. El Partido Verde ha desarrollado espacios de trabajo LGBTIQ+ gracias a la iniciativa individual de algunos congresistas, como Mauricio Toro. El Partido de la U cuenta con una coordinación nacional LGBTIQ+ y representantes en varios departamentos. El Polo Democrático lleva más de dos décadas incluyendo en sus estatutos cuotas para la diversidad, aunque su implementación real varía en los territorios.
2. VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN CAMPAÑAS
Uno de los hallazgos más preocupantes del documento es la persistencia y el aumento de la violencia sociopolítica dirigida contra candidaturas LGBTIQ+.
Esta violencia se manifiesta en múltiples formas: ataques verbales, montajes digitales, amenazas físicas y simbólicas, y campañas de desprestigio basadas en prejuicios. Los insultos apuntan a deslegitimar la capacidad de liderazgo y reforzar estereotipos. En algunos casos se han usado sobrenombres como “machorra” o “maricón” en espacios públicos, con el objetivo de humillar.
El informe MOE – Caribe Afirmativo (2024) registró 17 actos de violencia contra líderes y lideresas LGBTIQ+ en 2023, lo que representa un incremento del 466 % frente a 2019. Entre los hechos documentados figuran:
Amenazas armadas directas en el domicilio de candidatos.
Panfletos intimidatorios, presuntamente firmados por grupos armados ilegales.
Sabotaje de material publicitario y destrucción de sedes de campaña.
En un caso concreto, un candidato gay de un municipio del Magdalena recibió amenazas que lo obligaron a suspender actividades proselitistas y abandonar la región. En otro, una persona no binaria de Norte de Santander fue declarada “objetivo militar” en un panfleto firmado por el ELN, exigiendo su salida inmediata.
La violencia no se limita a actores armados o anónimos. En ocasiones, proviene de miembros del mismo partido político o de adversarios que instrumentalizan prejuicios para deslegitimar propuestas. Incluso se han documentado empujones, agresiones físicas y discursos de odio en debates públicos.
3. OBSTÁCULOS ELECTORALES Y FINANCIEROS
Aun cuando logran ingresar a las listas, las personas candidatas LGBTIQ+ enfrentan restricciones impuestas por los mismos partidos. Hay casos de personas trans obligadas a usar su nombre legal anterior (deadname) en publicidad y papeletas, lo que implica violencia simbólica y borra su identidad.
La financiación es otro obstáculo central. Aunque el Estado contempla anticipos y reposición de votos, estos mecanismos dependen de que el partido los solicite y los administre. Algunos testimonios denuncian que las campañas LGBTIQ+ reciben un apoyo económico muy inferior al de otros candidatos, limitando el alcance de su mensaje. En zonas rurales, las candidaturas dependen casi exclusivamente de redes comunitarias y trabajo voluntario.
4. VIOLENCIA ELECTORAL INSTITUCIONALIZADA
La discriminación también proviene de instituciones del Estado. Las notarías, por ejemplo, han negado la expedición de cédulas con marcador de sexo no binario, a pesar de la Sentencia T-033 de 2022, que reconoce este derecho.
Los mecanismos de protección para candidatos amenazados, como el Programa de la Unidad Nacional de Protección, son percibidos como lentos, burocráticos y poco adaptados a realidades diversas. Esto es especialmente grave en municipios pequeños, donde la exposición pública es alta y la capacidad de respuesta, baja.
5. ESTIGMATIZACIÓN Y COBERTURA MEDIÁTICA
La relación con los medios de comunicación ha mostrado avances, pero también retrocesos. En 2019, la mayoría de notas sobre candidaturas LGBTIQ+ se enfocaban exclusivamente en su orientación sexual o identidad de género. A partir de 2022 se observa un cambio: algunas coberturas incluyen propuestas y trayectoria, integrando la identidad como un aspecto más de la persona.
Sin embargo, persisten casos de outing no consentido, como el del congresista Juan David Vélez en 2018, que fue expuesto públicamente sin su autorización.
6. RESPUESTA PARTIDARIA ANTE AGRESIONES
El respaldo de los partidos ante situaciones de violencia es desigual. En casos aislados, se han activado protocolos de acompañamiento y visibilidad para proteger a la persona candidata. No obstante, lo más común es que la reacción sea pasiva, minimizando los hechos o responsabilizando a la víctima de “no exponerse tanto”.
7. IMPACTO EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Aunque la violencia y la discriminación no siempre logran que las personas renuncien a su aspiración política, sí generan desgaste emocional, económico y físico. La baja representación de personas LGBTIQ+ en cargos de elección sigue siendo consecuencia de esta combinación de obstáculos.
La resiliencia se ha convertido en una estrategia de supervivencia política. Sin embargo, esta resistencia no reemplaza la necesidad de un marco legal que garantice condiciones equitativas para competir.
8. INTERSECCIONALIDAD Y CANDIDATURAS TRANS / NO BINARIAS
Las barreras se multiplican cuando la identidad de género o la orientación sexual se cruza con otras condiciones de vulnerabilidad: pobreza, pertenencia a comunidades afrodescendientes o indígenas, migración forzada, discapacidad.
Las candidaturas trans y no binarias enfrentan desconocimiento social, discriminación en trámites, y ausencia de representación en los órganos internos de los partidos. Esto limita su capacidad de incidencia y visibilidad.
Recomendaciones
Uso de redes sociales para las denuncias – viralización
Uso de canales institucionales
- Atención de denuncias de amenazas contra defensores y líderes: recepcion.amenazas@fiscalia.gov.co
- Línea de atención: 3506011181
Para denuncia de homicidio, feminicidio, casos constitutivos de abuso policial en contra de sectores LGBTIQ+ (con liderazgo o no): grupodetrabajo.osig@fiscalia.gov.co
- Rosa Mesa, asesora de procesos electorales UNP: rosa.mesa@unp.gov.co, 3003225699
- #623 línea uriel, uriel.mininterior.gov.co, grupogedit@cne.gov.co.
Carolina Giraldo (Miembro en la Cámara de Representantes de Colombia por Risaralda)
Historiadora y politóloga. En su paso por el Concejo de Pereira, Risaralda, dio luchas muy fuertes a favor del medio ambiente, denunció de frente y sin temor a los corruptos y fue autora de la política pública para las mujeres que, hasta entonces, no existía en la ciudad. En 2018 lideró la consulta Anticorrupción en su departamento, consulta que le dio potencia a la voz popular que no lograba pasar de la queja cotidiana frente a la corrupción, para otorgarle una acción concreta al ciudadano.
Representante a la Cámara por la Circunscripción de Risaralda, en el Periodo Constitucional 2022 – 2026, obtuvo 16.680 sufragios por el Partido Alianza Verde. Integra la Comisión Segunda Constitucional Permanente, las Legales de Inteligencia y Contrainteligencia y para la Equidad de la Mujer, Creadora la Comisión Accidental de Seguimiento a la Política Publica LGBTIQ+ y Diversidades.
Agenda legislativa – Informe de gestión 2024/2025:
JUNTO A OTROS CONGRESISTAS, SOMOS AUTORES DE PROPUESTAS LEGISLATIVAS
Proyecto de Ley No. 122 de 2024 Cámara Por la cual se expide la Ley Integral de Identidad de Género
PONENCIAS
Proyecto de ley No. 096 de 2024 Cámara, “Por medio de la cual se modifica la ley 1861 de 2017, se regula la situación militar de personas trans y no binarias; y se dictan otras disposiciones” Ponente en Primer y Segundo debate
Comisión Accidental por la Diversidad
EN COMISIONES Como coordinadora de la Comisión por la Diversidad del Congreso trabajé articuladamente con los miembros de la Comisión para darle trámite a los proyectos de ley 365 del 2024 Cámara por la cual se busca prevenir y sancionar las prácticas de conversión en Colombia y el proyecto de ley 122 del 2024 Cámara por medio de la cual se expide la ley integral de identidad de género. Ambos proyectos fueron discutidos y aprobados en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes. También sostuvimos reuniones de alto nivel con Congresistas de países como Perú, México, España y la visita del Experto Independiente de Naciones Unidas contra la discriminación por ortientación sexual o identidad de género.
Liderazgos y activistas LGBT+ destacados:
- León Zuleta (1952 – 1993):
- Impacto y Logros: Zuleta es considerado uno de los pioneros del movimiento LGBT+ en Colombia. Fundador del Movimiento de Liberación Homosexual en 1977, luchó por la visibilización de las personas homosexuales en una sociedad profundamente conservadora. Su trabajo inspiró a futuras generaciones de activistas. Sobre este líder existe una anécdota de acuerdo a un artículo de Pacifista, en una entrevista con un periódico trotskista en 1976, afirmó que era parte del Movimiento Homosexual Colombiano y que este contaba con 10,000 integrantes. Sin embargo, él era el único miembro de dicho movimiento. A partir de ese momento se unió con Manuel Velandia para dar inicio al movimiento LGBT+ en Colombia, oficialmente.
- Hitos: Si bien su vida fue truncada por un asesinato en 1993, su labor sembró las bases para el activismo contemporáneo en Colombia, influyendo en la inclusión de derechos en la Constitución de 1991 y en el reconocimiento legal de parejas del mismo sexo.
- Manuel Velandia:
- Impacto y Logros: Ha sido reconocido en el movimiento LGBT+ en Colombia como precursor de los primeros grupos en la lucha por la diversidad sexual y de género junto a León Zuleta, marcó a su vez un precedente en el reconocimiento de las personas LGBT+ como víctimas del conflicto armado. Es reconocido como uno de los organizadores de la primera marcha LGBT+ de 1983, además de haber integrado el comité que consiguió la despenalización de la homosexualidad en Colombia.
- Hitos: Fue candidato a la Cámara de representantes en el 2002, considerándose el primer candidato gay que se lanzaba a este cargo, pero su campaña se detuvo debido a amenazas explícitas por medio de una bomba arrojada a su casa por las Águilas Negras (fue un grupo paramilitar colombiano), por lo que partió a España como refugiado por ser víctima de discriminación por su orientación sexual. Con la expedición de la Ley de víctimas y restitución de tierras o la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, Velandia fue el primer colombiano homosexual inscrito en el Registro Único de Víctimas.
- Jennifer Alexis:
- La lideresa trans Jennifer Alexis, desafiando todas las barreras prejuiciosas de la Registraduría Nacional, logra inscribir su candidatura al Concejo de Villavicencio con el número 74 en el tarjetón a nombre del movimiento Gay del Llano. Una nota del periódico nacional El Tiempo, para el año 1992, informó de la siguiente manera: “La algarabía encendida en la Registraduría municipal de Villavicencio se extinguió ante el paso del sorpresivo candidato, candidata, según otros: un hombre vestido con femeninas ropas negras ingresó al recinto ante la mirada inquieta de curtidos políticos.” A lo largo de todo el artículo se hace referencia a la lideresa con pronombre masculino.
- Gustavo Álvarez Gardeazabal:
- Hombre abiertamente gay, fue elegido concejal de Cali, alcalde del municipio de Tuluá, diputado del Valle del Cauca y gobernador del mismo departamento. Además es autor de múltiples obras literarias y tiene una trayectoria en el mundo de la radio y la academia. Entre los reconocimientos que lo sostienen se encuentra una frase célebre: “Yo no voy a gobernar con el culo y si me siguen molestando voy a revelar los nombres de todos los que hacen parte de mi combo”.
- Blanca Inés Durán:
- Viviendo su vida política de la mano del partido Polo Democrático, en el 2008 se nombra la primera alcaldesa abiertamente lesbiana en la localidad de Chapinero en Bogotá. Al momento de posicionarse se encontraba una bandera del movimiento LGBT+. Ha continuado su vida política en varios cargos de función pública de la ciudad de Bogotá e Ibagué.
- Claudia López
- Impacto y Logros: Claudia López hizo historia en 2019 al convertirse en la primera alcaldesa abiertamente lesbiana de Bogotá, y la primera mujer en ocupar el cargo en la capital colombiana. Su carrera política incluye una trayectoria en el Congreso como senadora, donde se destacó por su lucha contra la corrupción y su trabajo en derechos humanos.
- Hitos: Su elección como alcaldesa de Bogotá marcó un hito en la representación LGBT+ en Colombia. Su liderazgo ha influido en la agenda de diversidad y derechos en la capital.
- Angélica Lozano
- Impacto y Logros: Abogada y política, Lozano es la primera mujer abiertamente lesbiana elegida como congresista en Colombia. Ha sido una líder destacada en la promoción de leyes a favor de los derechos LGBTQ+ y de la mujer. Como senadora, ha liderado reformas sobre derechos reproductivos y luchado contra la discriminación basada en orientación sexual.
- Hitos: En 2016, fue clave en la aprobación del matrimonio igualitario y en iniciativas relacionadas con la adopción por parejas del mismo sexo. Ha contribuido a posicionar los derechos LGBTQ+ como parte integral de la agenda política.
- Tatiana Piñeros
- Impacto y Logros: Piñeros es una de las primeras mujeres trans en ocupar un cargo gubernamental en Colombia. Fue directora de la Oficina de Turismo de Bogotá y gerente del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.
- Hitos: Su designación en altos cargos públicos fue un hito histórico para la comunidad trans en Colombia, y ha sido fundamental en la promoción de políticas de inclusión. Se candidatiza al Senado por la Lista de la Decencia en el año 2018, lo que la convirtió en la primera mujer trans que aspiró al Congreso en Colombia. Para el 2021 ocupaba el cargo como directora financiera de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y como alcaldesa encargada de la localidad de Los Mártires (es la primera mujer trans que ocupa un cargo de este tipo en la capital). En 2018, fue candidata al Senado por la Lista de la Decencia, convirtiéndose en la primera mujer trans que aspiró al Congreso en Colombia.
- Andres Cancimance
- Impacto y Logros: Trabajador social, activista y representante a la Cámara por el departamento de Putumayo. Abiertamente gay, Cancimance ha trabajado en la defensa de los derechos humanos, con un enfoque particular en la diversidad sexual, las comunidades rurales y afrocolombianas, especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado.
- Hitos: Elegido representante a la Cámara en 2022, Cancimance ha impulsado iniciativas legislativas en pro de la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ+ y los derechos de las comunidades vulnerables.
- Mauricio Toro
- Por primera vez en la historia de Colombia en el 2018, un hombre gay es elegido como Congresista de la República. Ha liderado en el Congreso diversas iniciativas, incluyendo la ley de comida chatarra, la regulación de los cobros de peajes, el fortalecimiento de mipymes y emprendimientos digitales, la inhabilidad administrativa para quienes han sido condenados por corrupción, la ley “Colombia sin asbesto” y la ley de empleo para adultos mayores sin pensión, entre otras.
- Su trayectoria política se ha caracterizado por el impulso de temas sociales, destacando su proyecto de ley para prohibir de manera absoluta los Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género (ECOSIEG), comúnmente conocidos como “terapias de conversión”. Estas prácticas atentan contra los derechos a la igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y la protección contra torturas o tratos crueles.
- Además, ha propuesto la implementación de una política pública efectiva que elimine las barreras para el acceso a servicios de salud, matrimonio igualitario, justicia, familia y adopción para la población LGBT+, buscando erradicar a largo plazo la discriminación institucional. En el gobierno de Gustavo Petro se desempeñó como presidente del Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – Icetex.
El Congreso de la República se encuentra debatiendo una serie de proyectos de ley que impactan directamente los derechos de la población LGBTIQ+ en Colombia. A continuación, se presenta un resumen de las iniciativas más relevantes en esta agenda legislativa:
1. Proyecto de Ley: “Quiérele siempre”
Este proyecto busca prohibir las denominadas “prácticas de conversión”, las cuales pretenden modificar la orientación sexual o identidad de género de las personas LGBTIQ+. Estas prácticas han sido catalogadas como formas de tortura y violación de los derechos humanos, pues incluyen desde humillaciones hasta métodos de violencia física y psicológica. La iniciativa ha sido presentada en varias ocasiones (2021, 2023 y 2024), pero ha enfrentado obstáculos en su aprobación.
Entre los principales argumentos a favor de este proyecto de ley, se encuentra el hecho de que múltiples organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han condenado estas prácticas por no tener sustento científico y por causar daños irreparables en la salud mental y física de las personas sometidas a ellas. Además, estudios recientes han demostrado que las víctimas de estas prácticas pueden experimentar ansiedad, depresión, baja autoestima e incluso tendencias suicidas.
El proyecto busca garantizar el derecho a la dignidad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad de las personas LGBTIQ+, prohibiendo explícitamente cualquier práctica que busque “corregir” o “curar” la diversidad sexual y de género.
2. Proyecto de Ley: Ley Integral Trans
Radicado en julio de 2024 bajo el número 122 de 2024, este proyecto de ley busca garantizar derechos fundamentales a las personas trans y no binarias en Colombia. Entre sus principales propuestas se encuentran:
Acceso a tratamientos de reafirmación de género.
Reconocimiento legal de la identidad de género sin trabas burocráticas.
Eliminación de barreras para la documentación de personas trans.
Políticas para promover la inclusión laboral y educativa.
Este proyecto de ley es resultado del trabajo de más de 100 organizaciones y colectivos de personas trans, quienes han identificado múltiples barreras que enfrentan en su vida cotidiana, desde la falta de acceso a documentos de identidad acordes con su identidad de género hasta la discriminación en espacios laborales y educativos.
Además, se busca fortalecer los protocolos en el sector salud para garantizar que las personas trans puedan acceder a tratamientos médicos sin ser víctimas de discriminación ni de obstáculos administrativos. También propone medidas de sensibilización y educación en instituciones públicas y privadas para erradicar los prejuicios y fomentar el respeto por la diversidad de género.
Proyecto de Ley No. ___ De 2024 “Por medio de la cual se modifica la Ley 1861 de 2017, se regula la situación militar de personas trans y no binarias; y se dictan otras disposiciones”.
El objetivo de este proyecto de ley es regular la situación militar de las personas transgénero y no binarias en Colombia, garantizando su derecho a la igualdad y no discriminación en el proceso de definición de su situación militar.
Para ello, busca modificar la Ley 1861 de 2017, que actualmente solo establece condiciones aplicables a hombres y mujeres sin considerar explícitamente la situación de personas trans y no binarias. También propone corregir el lenguaje de la normativa vigente para reconocer adecuadamente a las mujeres transgénero, quienes ya están exentas del servicio militar obligatorio.
Asimismo, el proyecto responde a la falta de regulación específica en relación con los hombres trans y personas no binarias, quienes no tienen claridad sobre su tratamiento jurídico en materia de reclutamiento. Esto se debe a que, aunque la Corte Constitucional ha abordado parcialmente el tema en varias sentencias, no ha emitido un fallo definitivo sobre la aplicación del término “varón” en la legislación de servicio militar.
4. Control Político al Movimiento Anti-Derechos
El control político es una herramienta clave para vigilar la gestión pública y asegurar que se garantice la protección de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Se han identificado tres áreas clave de vigilancia ciudadana:
Ministerio de Igualdad: Dificultades en la consolidación del Viceministerio de Igualdad y baja ejecución presupuestal. Hasta la fecha, este ministerio ha enfrentado problemas administrativos y de liderazgo, lo que ha impedido una ejecución eficiente de sus funciones.
Plan Nacional de Desarrollo: Implementación del Mecanismo para la Prevención y Atención Integral de Violencias contra la población LGBTIQ+. Este mecanismo ha sido diseñado para garantizar una respuesta efectiva ante casos de violencia y discriminación, pero su implementación ha sido lenta y aún enfrenta desafíos administrativos y financieros.
Política Pública LGBTIQ+: Desarrollo del CONPES LGBTIQ+, que busca formalizar políticas de inclusión y protección. Este documento es crucial para asegurar que las estrategias de inclusión sean parte de la agenda de gobierno y cuenten con el respaldo de instituciones estatales.
Ejecución del CONPES 4147 en el 2025 de la Política Pública Nacional LGBTIQ+, aprobada en 2018. Está estructurado con 161 acciones, a cargo de 49 entidades públicas, organizadas en cuatro ejes estratégicos:
Transformación cultural (24 acciones)
Garantía de derechos fundamentales (73 acciones)
Reducción de las violencias por prejuicio (30 acciones)
Fortalecimiento institucional y articulación intersectorial (34 acciones)
A pesar de los avances que representa el CONPES 4147, su implementación enfrenta importantes desafíos. El primero es la incertidumbre sobre qué entidad asumirá el liderazgo del proceso, especialmente ante el cierre inminente del Ministerio de la Igualdad, quien ha estado coordinando estos esfuerzos. En este escenario, el rol del DNP, del Ministerio del Interior (quien abordaba estos temas) y de las entidades sectoriales será clave para evitar un nuevo estancamiento. Otro reto fundamental es garantizar la asignación de recursos adecuados para la ejecución de las acciones propuestas. Si bien el CONPES traza un marco de intervención, su impacto dependerá de la voluntad del gobierno y del compromiso de las entidades responsables en asignar los fondos necesarios. Y finalmente, la sostenibilidad de esta política dependerá de la vigilancia y presión del movimiento LGBTIQ+ y de la sociedad civil. El gobierno actual no alcanzará a ver los efectos directos de la implementación del CONPES, pero tiene la responsabilidad dejar mecanismos de ejecución claros y con compromisos vinculantes para que su impacto trascienda esta administración.
5. Proyecto de Ley: “Con los niños no te metas”
Este proyecto de ley (número 001 de 2024 en el Senado) busca restringir el acceso de menores de edad a tratamientos de reafirmación de género, incluyendo bloqueadores de pubertad y tratamientos hormonales. Sin embargo, datos oficiales muestran que entre 2014 y 2024 solo 186 menores trans accedieron a estos procedimientos bajo estricta supervisión médica, frente a 20.242 menores cisgénero que recibieron tratamientos de reasignación de género.
Se considera que este proyecto estigmatiza y discrimina a las infancias trans, imponiendo barreras que pueden afectar su bienestar y salud mental. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que la restricción de estos tratamientos puede aumentar los índices de ansiedad, depresión y suicidio en jóvenes trans, quienes dependen del acceso a tratamientos médicos adecuados para su bienestar integral.
Diversas organizaciones han iniciado campañas de sensibilización y activismo para alertar sobre los peligros de esta iniciativa y promover un enfoque basado en la evidencia científica y el respeto a los derechos humanos.
Proyecto de ley: XY sobre prohibición de mujeres trans en las competencias deportivas
El proyecto de ley presentado por el representante a la Cámara Mauricio Parodi, de Cambio Radical, busca regular la participación de mujeres trans en el deporte femenino en Colombia. Su principal propósito, según sus impulsores, es “proteger el deporte femenino” al establecer que solo aquellas personas cuyo sexo biológico sea femenino puedan competir en dicha categoría. La propuesta plantea que los cromosomas sean el criterio determinante para definir quién puede ser inscrito en la categoría femenina, equiparándolo con otros factores de elegibilidad como peso, edad o condición médica.
Sin embargo, esta iniciativa parte de una visión reduccionista del género y el deporte, ignorando los avances en derechos humanos y las regulaciones internacionales sobre la inclusión de personas trans en competencias deportivas. Al exigir que solo el sexo biológico determine la elegibilidad, se excluye a las mujeres trans de la categoría femenina, lo que refuerza una narrativa transfóbica.
Los homicidios, en 2024, aumentaron un 3,79% respecto a 2023, mientras que los casos de violencia sexual se dispararon en un 67%, con un promedio diario de dos (2) personas LGBTIQ+ víctimas de agresiones sexuales. Por su parte, al menos veintiocho (28) personas fueron amenazadas por semana, doscientos veintiséis (226) defensores fueron intimidados y seiscientos cuarenta y nueve (649) personas fueron víctimas de hostigamiento y discriminación.
2025- Incluye un proceso de racionalización o justificación de las conductas violentas frente a las personas con orientación sexual, expresión e identidad de género diversas. 3. Deben ser entendidas como fenómeno social, no como hechos aislados, puesto que demandan la comprensión de un contexto y de una complicidad social. 4. Tiene un impacto simbólico en la medida que envía un mensaje social contra un grupo poblacional.
Impunidad/Avances procesales
En cuanto al avance procesal de los homicidios y feminicidios de personas LGBTIQ+ ocurridos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 revela preocupantes tendencias en el acceso a la justicia para esta población. De los 155 procesos registrados, la mayoría (86.45%) se encuentra en la etapa de indagación, con 134 casos aún en esta fase preliminar. Esto sugiere que la recolección de pruebas y el establecimiento de responsabilidades se enfrentan a obstáculos que podrían estar ralentizando la judicialización efectiva de estos crímenes. En la etapa de juicio, apenas diez (10) casos han avanzado, lo que representa solo el 6.45% del total.
Migración
Una reciente decisión judicial en Colombia representa un avance crucial para los derechos de las personas trans migrantes. En el fallo del proceso 003-2025-00050-00 —en el cual brindamos acompañamiento jurídico a la ciudadana accionante— el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta resolvió a favor de una mujer trans migrante a la que Migración Colombia exigía la presentación de antecedentes judiciales apostillados como requisito para modificar su nombre y componente sexo/género en el Permiso por Protección Temporal (PPT).
El juez determinó que esta exigencia era improcedente y constituía una barrera que podía limitar el acceso a derechos fundamentales para personas trans migrantes, en contravía de los principios de igualdad y no discriminación. Además, la sentencia reiteró que los procedimientos para la modificación de datos en el PPT ya están claramente establecidos en las resoluciones 2289 y 971 de 2021, y que no se pueden imponer requisitos adicionales que no están contemplados en estas normativas.
Camila Escobar
Politóloga con 3 años de experiencia en investigación, formulación de políticas públicas y gestión de proyectos con enfoque en derechos humanos, diversidad sexual y de género. Ha trabajado en organizaciones sociales y gobiernos locales liderando procesos de participación política, incidencia, formación comunitaria, análisis de coyuntura y construcción de líneas base para políticas públicas LGBTIQ+.