En la próxima década, Colombia enfrentará desafíos ambientales y climáticos de una magnitud sin precedentes. Estos no constituyen fenómenos aislados, sino que se insertan en un entramado de crisis sistémicas vinculadas con la posición geopolítica del país, los modelos de generación y uso de energía, la inseguridad alimentaria, el desplazamiento forzado y la migración internacional, la incidencia de economías ilegales transnacionales, la fragilidad fiscal y la persistencia de la corrupción. Este conjunto de factores incrementa la vulnerabilidad nacional frente a los cambios del contexto internacional y profundiza las brechas de desigualdad que limitan cualquier horizonte de prosperidad compartida.

Para ilustrar esta complejidad, puede pensarse en una pirámide de desafíos. En su cúspide se encuentran los retos socioambientales y climáticos; en la base, las condiciones estructurales que los potencian: pobreza, desigualdad, corrupción, debilidad institucional, privatización de bienes comunes, ausencia de garantías plenas para los derechos humanos y respuestas estatales tardías, negacionistas o meramente declarativas. La gravedad de estos problemas de base amplifica el impacto de los desafíos climáticos y ambientales, al tiempo que erosiona la capacidad nacional de respuesta. El desgaste acelerado del patrimonio natural

—fundamento de la economía y de las relaciones sociopolíticas— profundiza la vulnerabilidad de diversas comunidades y limita la posibilidad de prevenir, reparar o responder a las pérdidas y daños derivados de la crisis climática.

En este sentido, los desafíos socioambientales y climáticos trascienden el ámbito ambiental: de no tratarse con un enfoque de justicia, pertinencia y costo de oportunidad, constituyen una amenaza directa para la vigencia del Estado social de derecho y la estabilidad democrática del país.

Esta guía propone un marco de análisis, evidencia y recomendaciones prácticas orientadas a fortalecer la incidencia de liderazgos políticos, movimientos sociales y ciudadanía en el diseño e implementación de políticas públicas de justicia ambiental y climática.

Qué debe saber

• Para poder atender los desafíos socioambientales y climáticos es necesario identificar: 1. los conflictos que se derivan por la alteración o cambio negativo que ocurre en el ambiente al generar por exceso de uso deterioro o desequilibrio
  

ambiental y 2. los actores que usan los bienes comunes (como el agua, el suelo, la atmósfera, las selvas, otros) y las relaciones/ asimetrías de poder en su acceso y distribución.

• La intensificación de conflictos socioambientales y climáticos se derivan porque hay una afectación a la capacidad de reparación y asimilación de la naturaleza, lo que afecta negativamente a los ecosistemas y a los seres vivos que habitamos y dependemos de ellos. Cuando un conflicto tiene una problema ambiental constante que sobrepasa toda capacidad de la naturaleza de repararse, además de generar distribuciones inequitativas de las cargas y los beneficios de los usos de los bienes comunes que están siendo afectados, se habla sobre pasar los límites planetarios, un concepto del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que refiere a los crecientes riesgos de la presión humana en procesos globales críticos que regulan la estabilidad y la resiliencia de la tierra. Actualmente son 9 límites, de los cuales se encuentra el incremento de temperatura global, es decir la crisis climática.

• Los límites planetarios es un marco de información que permite reconocer que hay puntos de no retorno de estos 9 límites donde se reduce totalmente la capacidad de respuesta de la humanidad para hacer frente y así socavar toda posibilidad de bienestar para la humanidad. De ahí que se deriven injusticias ambientales, refiriéndose a una distribución inequitativa de beneficios y cargas,

• Ahora, hablar de la crisis climática, es también un problema socioambiental pero más complejo que reúne diversas aristas. Entre ellas lo ambiental, lo energético, lo alimentario, lo migratorio, lo bélico, lo económico, entre otros. La crisis climática encuentra sus bases en el desequilibrio de la atmósfera por el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero lo que altera la capacidad del planeta de regular su temperatura. Estas emisiones provienen mayormente de un excesivo consumo de combustibles fósiles y de una distribución inequitativa de los beneficios y cargas de estos energéticos, lo que genera entre otros conflictos riesgos de inseguridad alimentario, pobreza, migración a causas de desastres o deterioro de subsistencia ambiental, violencia por recursos escasos y además una profunda deuda, incapacidad de respuesta y en general un colapso de la económica y actividades productivas.

• De esta manera, para apostar por una respuesta a la crisis climática que no profundice conflictos, es necesario hablar de garantizar justicia en su respuesta, entendiendo que los impactos de la crisis climática no se reparten de manera homogénea, pues son las comunidades históricamente excluidas, mujeres, pueblos étnicos y poblaciones rurales las más afectadas, a pesar de haber contribuido mínimamente al problema, por lo que es necesario mitigar, adaptar y reparar los efectos de la crisis climática . Y para ello, se deben garantizar un reconocimiento de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas de los castores, responsabilidad intergeneracional, equidad procedimental y de reconocimiento, reparaciones por daños y pérdidas por crisis climática.

• Así, podremos apoyar una efectiva acción climática en la que se reduzca la generación de gases de efecto invernadero, se adapten los territorio a los cambios que genera el clima en los territorios y se reparen a todos los impactos que pueda generar pérdidas y daños y que no pudieron tener respuesta desde la prevención, adaptación o mitigación.